Panamá: mucho, poco, nada, y pendiente.
Guillermo Castro Herrera
La disputa electoral acerca de lo hecho o dejado de hacer por
el Estado en materia de inversión pública en los últimos 45 años en Panamá
elude lo realmente esencial del problema que la genera. Sin duda,
la inversión bruta en infraestructura iniciada en 2006 por el Gobierno que
presidiera Martín Torrijos con la ampliación del Canal, y continuada por el que
preside Ricardo Martinelli – sobre todo en los sistemas vial, aeroportuario y
de transporte público -, carece de precedentes en la historia nacional.
Aun así, en ese panorama destacan tres elementos de
contraste.
El
primero de ellos consiste en lo limitado de la
inversión pública en el desarrollo del capital humano y social, reducida a una
política de subsidios que elude mucho, y palia muy poco, las causas de origen
de la inequidad en nuestra sociedad. Otro,
en la desmesura de la inversión en el corredor interoceánico, que incrementa a
su vez el subsidio del resto del país al crecimiento económico de las área
aledañas al Canal – donde ya reside más de la mitad de la población del país,
en menos del 10% de su territorio -, incrementando con ello las amenazas a la
sustentabilidad del desarrollo futuro en Panamá. Y el otro, finalmente, en la pobreza del análisis relativo al origen,
la naturaleza y la sustentabilidad del crecimiento económico en los años por
venir, en el seno de las principales agrupaciones políticas y sociales del
país.
El factor fundamental, aquí, ha sido la integración del Canal a
la economía interna. Todo lo demás – desde la necesidad de las inversiones
realizadas, hasta la posibilidad de disponer de los fondos necesarios - ha
dependido de ello. La trascendencia y
complejidad de ese factor se hace evidente en el hecho de que la creación de
las condiciones necesarias para su despliegue en profundidad generara una
crisis que en la práctica paralizó políticamente al país entre 1981 y 1994,
para iniciar a partir de allí - con idas y venidas bien conocidas - el proceso
de transformaciones que ha venido a alcanzar su impulso mayor en los últimos
cuatro años.
Ese impulso mayor, por otra parte, también empieza a definir con
claridad creciente los límites del proceso de transformaciones en curso. Ese
proceso surge de la solución de la parálisis de la voluntad política de los
grupos sociales y económicos dominantes en el país entre 1999 y 2009 mediante
el uso – en grado de paroxismo - de los valores y procedimientos inherentes a una
cultura política tradicional, para la construcción de una economía y una
sociedad renovadas.
La solución así encontrada al problema de la parálisis política
ha generado, como era de prever, problemas nuevos y más complejos. En efecto, los
medios utilizados han determinado los fines que podían ser alcanzados, y uno de
los resultados del proceso ha sido el oscurecimiento de las contradicciones
asociadas a esos fines. Así, por
ejemplo, aquí se sigue discutiendo como si los
problemas del país tuvieran su origen en incapacidades e irregularidades
administrativas, y bastara con encontrar mejores gerentes y disponer de mejores
manuales de procedimiento para resolverlos.
En realidad, no podremos resolver los problemas del siglo XXI
sin entenderlos en sus riesgos como en sus oportunidades. Pero no podremos
entender esos problemas ni desde la cultura política del siglo XX -
correspondiente al anhelo de llegar a tener un Estado nacional, que ya tenemos
-, ni desde el llamado "criterio empresarial" que se limita a imitar
aquella consigna de los años 50 que tanto contribuyó finalmente a los problemas
que hoy enfrentan la economía y la sociedad norteamericana: "Lo que es
bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos." Dígalo, si no, la ciudad de Detroit, capital del
automóvil, cuyo gobierno municipal acaba de declararse en quiebra.
Para encarar los problemas del país, hará falta aún identificar aquellos
que definen, hoy, el interés general de nuestra sociedad. Esto, en breve,
demanda la creación de una agenda que
sintetice los obstáculos fundamentales que el proceso de crecimiento económico sin
cambio social y con deterioro ambiental le plantea a los grupos sociales
fundamentales en su desarrollo como tales grupos. Ese fue el
punto de partida en la etapa final de la lucha por la recuperación del Canal en
la década de 1970, en relación a los problemas de aquella etapa de nuestra
historia. En ese terreno, nadie en su sano juicio podría decir que se ha hecho
más de 1980 a nuestros días de lo que se hizo entre 1972 y 1977.
También habría que aprender mucho, por supuesto, del hecho de
que una vez resueltos aquellos problemas comunes quedó superada la agenda que
los expresaba, en la medida en que florecieron y se desplegaron en otro nivel
de complejidad las contradicciones entre los grupos que habían concurrido a
forjarla. El resultado neto, entonces, fue que el Estado que negoció el Tratado
del Canal vino a ser muy distinto del que asumió la responsabilidad de
implementarlos. Así, por ejemplo, el propósito de hacer “el uso más colectivo
posible” de la Zona del Canal, propuesto por el Estado que negoció el Tratado,
cedió su lugar a a la más completa privatización posible de las tierras e
infraestructuras de esa Zona, por parte del que lo implementó.
La forja de una nueva agenda nacional deberá encarar el problema
mayor de pasar del crecimiento sostenido de la economía entre 2004 y 2014 a un
desarrollo que sea sustentable por la equidad en las relaciones sociales, y en
las que lleguen a existir entre la sociedad y su entorno natural. Esta es la
clase de problemas que podemos plantearnos hoy, desde la nación que hemos
venido a ser como resultado de la conquista de nuestra soberanía y de las
transformaciones desatadas por ese logro decisivo en nuestra historia. Queda pendiente,
ahora, la tarea de definir estos problemas de nuevo tipo con la claridad
necesaria para encararlos y resolverlos del modo que demande la nación que
queremos llegar a ser.
Panamá, 25 de julio de
2013
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